Hoy por hoy

El presidente de la República y sus ministros tenían a su disposición la herramienta del “estado de urgencia” establecido por la Constitución para enfrentar la crisis del coronavirus. De tomar este camino, los derechos y libertades civiles de los panameños habrían sido suspendidos; literalmente, estaríamos sin garantías constitucionales. De manera responsable, el gobierno actuó con un mecanismo jurídico más apropiado para hacer las contrataciones expeditas necesarias, y disponer de fondos públicos y otros recursos sin los trámites burocráticos usuales, por medio de una declaratoria de “estado de emergencia”. Esto es menos traumático y permite que, si la situación se complica, se pueda recurrir a declarar el estado de urgencia más adelante. Cabe destacar que se asignaron $50 millones para enfrentar la crisis del coronavirus en los próximos 180 días. Estos fondos son independientes de la línea de crédito bancario por $1,252 millones, o los del Fondo de Ahorro de Panamá , con depósitos por otros $1,300 millones. El mensaje enviado hasta ahora, parece ser responsable. Como ciudadanos, debemos velar que así se cumpla.