Hoy por hoy

El acceso a la justicia es un derecho humano inalienable. Este servicio público es fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad; el cumplimiento de las obligaciones familiares, laborales, mercantiles y civiles, así como la solución de conflictos de forma pacífica y efectiva. El cierre de la mayoría de los despachos judiciales, por razones sanitarias, lleva más de dos meses privando a los panameños del ejercicio y defensa de sus derechos. Salvar vidas evitando el contagio por el hacinamiento y la aglomeración en juzgados y tribunales ha sido una medida responsable que, sin embargo, merece una mayor consideración. El Órgano Judicial ha tenido tiempo suficiente para evaluar el uso de herramientas tecnológicas y otras vías de solución de conflictos que bien podrían empezar la reconversión de la justicia a una actividad compatible con los criterios del siglo XXI. Las garantías constitucionales y el debido proceso no son negociables, por lo que la actividad judicial, de la que dependen 4 millones de panameños y decenas de miles de abogados y otros profesionales, debe continuar.