Hoy por hoy

La transparencia en el manejo de la cosa pública es algo previsto en la Constitución, en la Ley de Transparencia y hasta en un portal en el que deben aparecer todas las compras del Estado. Pero todo esto no es más que un espejismo para que los gobernantes puedan decir al mundo que Panamá está a la vanguardia en esta materia. Ahora, las recientemente aprobadas reformas a la Ley de Contrataciones Públicas crean un observatorio ciudadano para vigilar todas las etapas del procedimiento de selección de contratistas del Estado, a través de un sitio web. Sin embargo, en la propia ley se estableció que este mecanismo entrará en vigencia cuatro meses después de la sanción de la norma. Fue una decisión desafortunada considerando, precisamente, los crecientes cuestionamientos sobre este asunto que han motivado renuncias en la propia Presidencia. Los ciudadanos hemos sido testigos de manejos irregulares –por decir lo menos– en las compras durante esta pandemia. El papel –la Constitución y la Ley– aguanta cualquier sueño de opio que se le imprima, incluyendo este nuevo observatorio. Con lo que tenemos basta para ser transparentes, pero ha sido la descarada falta de voluntad –y no la de una normativa– lo que hace posible que la rendición de cuentas sea una triste utopía.