Hoy por hoy

Una auditoría social llevada adelante por Justicia y Paz y la Contraloría General de la República revela que no hay verdaderos controles de la entrega y frecuencia de los apoyos del programa Panamá Solidario; tampoco hay un protocolo de actuación para atender las necesidades complejas de la población vulnerable, y, por supuesto, no hay transparencia en el manejo de estos fondos. Si esta es la principal estrategia gubernamental para aliviar la terrible situación económica de los panameños durante la pandemia, el esfuerzo es insuficiente para atender a más de 273 mil personas con contratos laborales suspendidos, así como cientos de trabajadores informales, y los que han sido desvinculados o se les ha reducido la jornada. Panamá ya superó la marca de mil fallecimientos, y no hay indicios del necesario replanteamiento estratégico requerido para cambiar la tendencia de más contagios y más muertes. El gobierno actúa a espaldas de la población, y con una opacidad e indiferencia abrumadora. Todo parece indicar que se acabaron las ideas, y que las respuestas son un poco más de lo mismo a cuentagotas. Es tiempo de reaccionar para el gobierno de Cortizo; los panameños estamos sufriendo por su incapacidad.