Hoy por hoy

Las protestas civiles y las manifestaciones espontáneas de descontento e insatisfacción con la actuación del gobierno en materia sanitaria y económica, son expresiones legítimas de la sociedad. La represión de una protesta juvenil por parte de antimotines, el jueves en la noche, revela un desagradable modus operandi de la Policía Nacional (PN). Entre golpes e insultos, totalmente innecesarios, los ciudadanos fueron “descalificados” como extranjeros, y las detenciones fueron dirigidas hacia los que, aparentemente, los cuerpos de seguridad consideraban los cabecillas de la manifestación. Protestar es un derecho garantizado por la Constitución, que no ha sido suspendido. Ante el silencio cómplice de la Corte Suprema, estos atropellos no pueden quedar en la impunidad. Algunos afectados indicaron que se les dijo que la agresión era por “órdenes de arriba”. ¿Quién las impartió y con que fines? El director de la PN debe dar explicaciones sobre la actuación de sus subalternos. Hay que evitar a toda costa la creación de una cultura de Estado policial dentro de los cuerpos de seguridad. El presidente debe exigir responsabilidades y separar a aquellos que piensan que se puede agredir a los ciudadanos.