Hoy por hoy

A lo largo de más de cinco meses de crisis sanitaria, la relación entre el Gobierno y los ciudadanos ha sido difícil, incierta y complicada. Al principio, se le extendió un cheque en blanco a las autoridades para que articularan una respuesta organizada, frente a un enemigo desconocido. Mientras la pandemia se tomaba toda la agenda pública, se fragmentaron las repuestas institucionales, haciendo que a veces una declaración verbal fuera más importante que un decreto, o un tuit determinara el alcance de una norma jurídica. Los agentes de la seguridad pública quedaron convertidos en intérpretes de normas arbitrarias y de una actitud autoritaria del Gobierno. Si los ciudadanos se portaban “bien”, había más flexibilidad; en caso contrario, se apretaban las medidas. Este infantilismo normativo hizo que las restricciones sanitarias se convirtieran en prerrogativas monárquicas cargadas de absurdos y abusos. Claro que el Estado tiene la obligación de tutelar la salud de los ciudadanos, pero en nombre de esta obligación no se puede erigir una tiranía del ridículo y la arbitrariedad. Los anuncios paliativos no pueden tapar esta realidad.