Hoy por hoy

La Asamblea Nacional, una vez más, se mofa de la opinión pública en el tema de sus planillas. Al igual que hicieron dos expresidente de este órgano del Estado en el gobierno pasado, en este el reelecto presidente, Marcos Castillero, se ha negado a entregar información sobre lo que hacen mil 750 personas contratadas por “servicios profesionales” que, hasta ahora, nos ha costado a los panameños $8 millones… y en pandemia. La excusa presentada para no entregar la información –carecer de un programa para entregar la información– es tan pueril como ridícula. Si esa es su mejor respuesta, podemos deducir la incapacidad evidente y vergonzosa de estos funcionarios. A la conspiración para mantener información pública bajo siete llaves se une la Corte Suprema de Justicia, cuyos fallos son también objeto de burla de parte de los diputados que se niegan a cumplirlos, actitud que los propios magistrados luego avalan. Por otro lado, la Contraloría se sale con excusas anodinas, asegurando que, porque hacen “servicios especiales”, no se pueden considerar servidores públicos. Cómplices son todos al irrespetar la Ley de Transparencia. La pequeñez de sus excusas no puede ocultar la enormidad de su bascosidad. Todos sabemos la razón de su oscurantismo.