Hoy por hoy

La Contraloría General de la República negó a un ciudadano los resultados de una auditoría a los contratos de trabajo de la planilla 172 –la célebre planilla cashback– de la Asamblea Nacional. Es decir, mediante excusas y argumentos pueriles e irrelevantes, esta institución se ha hecho cómplice de una situación irregular que debería ser denunciada públicamente. Pero elige mantener la investigación bajo llave, protegiendo a sinvergüenzas que deberían recibir, al menos, un escarnio público, ya que es un hecho notorio que aquí los diputados gozan de la más ignominiosa impunidad. Los argumentos usados para negar la información solicitada son solo fútiles pretextos para socorrer a los amigos políticos que –a cambio del nombramiento– recibieron en pago al favor a un funcionario sumiso, capaz de guardarles las espaldas en situaciones como estas. La Contraloría ha vendido al mejor postor su función de “ser un organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos…”. Ahora, solo es una caricatura de pésimo gusto, que ha encontrado jefes en la Asamblea Nacional, desde donde un dócil vasallo recibe órdenes que cumple al pie de la letra. Nada nuevo, lo advertimos.