Hoy por hoy

Aunque los problemas que genera la pandemia son abundantes, profundos y, en muchos casos, de urgente acción, no es menos cierto que hay otros previsibles, aunque, por alguna razón, quedan ocultos en la bruma de la indiferencia. Es el caso del tema de la jornada reducida y la suspensión de los contratos de trabajo, consignados en le Ley 157 de 2020, sobre “medidas temporales de protección del empleo”. Este asunto es complejo y requiere planificación, pero a 20 días de que esta norma quede sin efecto, nadie en el Gobierno parece estar preocupado por ello. El presidente de la República, ocupado en sus discursos sobre rosas rojas o cómo esparcir aún más el virus si llega a contagiarse, es el único con el poder constitucional de llamar a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional, para modificar la ley si se decidiera extender sus efectos. La empresa privada necesita con urgencia saber si las normas sobre este tópico terminan o se prolongan; no hay cabida para la improvisación. Aquí están en juego centenares de miles de empleos; de los 282 mil contratos suspendidos en pandemia, solo 36% se ha reactivado. La Presidencia está llena de asesores y gente muy bien pagada. El país les agradecería que consideren este tema con el presidente para tomar una decisión ahora, y no el 4 de enero.