Hoy por hoy

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) es una institución que nació emasculada. Su regulación es tremendamente restrictiva, pues está lejos de poder sancionar a los infractores de la Ley de Transparencia, una legislación que acapara tanto o más pisotones que el Código de Ética del servidor público, en solo año y medio de gobierno PRD. Las estadísticas de la institución revelan que de 2019 a 2020 las denuncias ciudadanas por irregularidades se cuadruplicaron, una aumento vertiginoso que deja ver con claridad el nulo respeto a la Constitución y la ley de este gobierno, con el agravante de que la Antai tiene las manos atadas para aplicar verdaderas sanciones. Su legislación, más que buenas intenciones, requiere de verdaderos poderes que obliguen a los funcionarios a cumplir con una gestión pública transparente y que respeten y respondan sin evasivas –salvo las previstas por la ley– las peticiones de información que formulan los ciudadanos. Este gobierno ha sido abusivo en la discrecionalidad para entregar información pública y transparentar sus actuaciones. De ahí la necesidad de hacer cambios a la Antai, a fin de adecuarla a estos tiempos de opacidad y abusos.