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El reciente veto presidencial a la iniciativa de un diputado de Cambio Democrático –por inconveniente e inexequible–, que buscaba crear seis nuevos corregimientos en la comarca Ngäbe Buglé, es razonable desde todo punto de vista, incluyendo el argumento sobre los gastos no previstos en los que habría que incurrir. Sin embargo, el Ejecutivo no tuvo problemas para aprobar la iniciativa del diputado presidente del PRD, Benicio Robinson, para crear 11 corregimientos en su provincia, Bocas del Toro. Para la legislación vetada, el Ejecutivo encontró numerosos argumentos, pero en la de su copartidario no encontró nada, pese a las quejas de los bocatoreños que denunciaron desconocer los límites de los nuevos corregimientos y varios otros problemas más. Cuesta mucho convencernos de que el diputado del PRD no recibió ayuda para lograr que su proyecto pasara todos los filtros, mientras que en el otro caso se haya encontrado todo para negarlo. Las apariencias de imparcialidad no importan, lo que importa es que el copartidario pueda perpetuarse en un cargo de elección que veía peligrar si se mantenía la división política anterior. Como dicen por ahí, “hecha la ley, hecha la trampa”.