Hoy por hoy

Ha quedado claro que la Constitución no puede quedarse como está: el 82.6% de los encuestados por GAD3 considera que urgen cambios, ya sea convocando una Asamblea Constituyente que redacte una completamente nueva o simplemente modificando temas puntuales de la actual –de 1972–, un ejercicio que ya se hizo en el pasado en cinco ocasiones, la última en 2004. Esta urgencia por reformar la arquitectura institucional del país ha sido entendida por grupos de la población (cívicos, gremiales, políticos), que ahora se aprestan a buscar las firmas necesarias. Pareciera que a este país solo lo unía el fútbol y la marea roja, pero parece que también la urgencia de cambiar la Carta Magna. El Tribunal Electoral –desde su posición fiscalizadora– haría bien en facilitar el proceso y afrontar la responsabilidad que esto conlleva. La entidad calculó que requiere, por lo menos, $50 millones para financiar el proceso que origina una Asamblea Constituyente Paralela. Esto debe ser visto como una inversión de país, no como un gasto. Mucho más se desembolsa en subsidio electoral a partidos que funcionan como la sucursal de un súper o como una gallera para el juego vivo, el clientelismo y la corrupción.