Hoy por hoy

La defensa de Ricardo Martinelli ha pretendido acabar con el proceso de enjuiciamiento en contra de su cliente, en el caso de los pinchazos, haciendo uso de las formalidades de ley, en este caso, la prescripción. Es obvio que está en su derecho, pero una decisión atendiendo esa razón jamás despejará las dudas sobre las acusaciones y sospechas que pesan sobre él en el espionaje ilegal de decenas y decenas de personas, muchas de ellas, sus enemigos y rivales políticos y comerciales, periodistas, funcionarios y hasta colaboradores cercanos. Las sospechas fueron alimentadas por el propio acusado, quien no cesaba de jactarse de tener un expediente de todo mundo, en especial de sus críticos o adversarios. Para alguien que alega y vocifera su inocencia, flaco favor se hace si estas acusaciones no son descartadas en un juicio público. Y aunque la solicitud de prescripción del caso no fue concedida, está claro que estas maniobras buscan a toda costa retrasar el inicio de este segundo juicio. Una persona que busca gobernar el país (otra vez) debería ofrecernos una candidatura libre de sospechas. La confianza no viene con el cargo: hay que ganársela. Y no se gana esquivando la única manera que tiene para librarse de toda sospecha.