Hoy por hoy

La Asamblea Nacional pareciera que necesita ser vigilada las 24 horas del día, pues no hay ocasión en que nos sorprenda su capacidad para hacer las cosas al revés. Si la Ley 41 de 1998 prohíbe que las áreas protegidas puedan ser tituladas –por ser de dominio público– para evitar, precisamente, que pasen a ser privadas, ¿qué se pretende al proponer exactamente lo contrario en una nueva ley? ¿El diputado proponente no ha pensado que una vez reciba el sí de sus colegas provocará un nefasto efecto cascada? Estos diputados carecen del más elemental sentido común, pues, de otra manera, no estarían proponiendo que, por ley, ahora zonas de dominio público se privaticen. Dice el proponente que se usarán para proyectos ecoturísticos y siembra de productos agrícolas no tradicionales. O sea que él también le ordenará, por ley, a los nuevos dueños qué hacer con sus tierras, qué sembrar o qué criar allí. El diputado proponente de este disparate, ¿podrá garantizar al país que su propuesta no se extenderá a otras zonas protegidas con proyectos de ley que copien el suyo? ¿Cómo evitará que sus pares en la Asamblea lo hagan? La puerta que se abriría no es para una zona protegida; es para todas.