Hoy por hoy

Las reformas al Código Electoral que ha aprobado la aplanadora del gobierno en la Asamblea Nacional (AN) han despertado el disgusto nacional, no solo porque buscan hacer retroceder la legislación electoral a su conveniencia —pese a que el país exige más transparencia—, sino porque su conducta es un desafío a la voluntad popular en uno de los poquísimos actos en los que el ciudadano decide directamente: emitir su voto y elegir a sus representantes gubernamentales. De ese descontento es que nace la protesta del próximo martes. Los diputados oficialistas buscan torcer el Código Electoral para legalizar su manipulación a las elecciones. Están dispuestos a empañar la transparencia, a fin de que las donaciones a las campañas sean menos visibles. Y estamos conscientes de lo que hay detrás de ello. Cada vez es más evidente la íntima relación que existe entre políticos, pandillas y narcotraficantes. Estos últimos financian campañas electorales o los contratan como servidores públicos, y no pocos en la AN, donde, precisamente, los diputados facilitan su entrada, aunque no son los únicos que lo hacen. Pareciera que la membresía y dirigencia de estos partidos se sienten a gusto teniendo a su lado a delincuentes y su dinero sucio.