Hoy por hoy

La Caja de Seguro Social (CSS) atraviesa uno de sus peores momentos económicos, pero no por eso la institución se salva de ser considerada botín político. Allí van a dar decenas de “recomendados” de diputados y otros políticos para que sean nombrados, convirtiéndose en una carga para la institución, pero que resuelve el clientelismo político. Así es como la CSS tiene una planilla de 35 mil empleados –25 mil más que el Canal de Panamá–, prueba de que la institución es blanco de la voracidad política. Al problema de la adiposa planilla se suma que entre sus empleados hay “emprendedores” que se llevan equipos y medicamentos de la entidad para abrir sus propios negocios, privando de estos a los asegurados. Esto supone la existencia de otros dos problemas. El primero es que los controles en la CSS se prestan para que estos “empresarios” de poca monta le roben a la empobrecida institución y a sus asegurados. El segundo es que esta gente actúa así porque sigue ejemplos. Si a muchos los nombran sin mérito alguno –conscientes de que no cumplen una labor, sino porque algún político tiene palanca–, lo siguiente es aprovecharse de la institución, como en esta ocasión. Esto es condenar a la institución a su destrucción.