Hoy por hoy

En Panamá viene dándose , desde hace muchos años un fenómeno que deslegitima algunas leyes, pues no conducen a la igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama la Constitución. Son leyes que aprueban diputados para crear fueros, privilegios y beneficios, que ponen a funcionarios por encima del resto de los ciudadanos. Una de esas leyes es la que permite que funcionarios de elección popular puedan cobrar dos salarios mientras ejercen uno de los dos cargos que tienen. Gracias a ese privilegio, 30 alcaldes y 172 representantes de corregimiento tienen licencias de los cargos que desempeñaban o de los cargos en los que fueron electos. Pero, lejos de cobrar por el cargo que eligen ejercer, lo que hacen es cobrar doble del Estado, porque la ley, sencillamente, se lo permite, con lo cual, una estafa al Estado ha quedado legalizada por una ley injusta e ilegítima. Mientras, producto de esta pandemia, miles de profesionales han quedado sin trabajo o sufren una reducción laboral, mientras sus impuestos alimentan la voraz codicia de funcionarios que tienen la empatía de una hiena frente a un becerro. Son estas leyes las que hacen que nos preguntemos si los que nos gobiernan son servidores públicos o vulgares ladrones.