Hoy por hoy

Los panameños somos mudos testigos del progresivo deterioro de las instituciones del país, en especial, de nuestro sistema de justicia. No es que no tengamos leyes; tenemos muchas, pero son letra muerta, no se aplican y eso, obviamente, tiene consecuencias para el país, que no sale de esas listas de colores. El World Justice Project ha revelado el estado de nuestra justicia y el estado de derecho, respecto al resto del mundo. Panamá ocupa en el índice global el puesto 71 de 139 países medidos, y el 15 de 32 países de América Latina. Pero cuando se analizan las variables individualmente, las posiciones son de vergüenza. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre la ausencia de corrupción, Panamá cae al puesto 91 de 139, y empeora en el tema de la justicia penal: puesto 110 de 139. O sea, que este país también es un paraíso penal, el paraíso soñado de los corruptos, pues no hay peligro de castigo. Ojalá las dos nuevas designaciones del Ejecutivo para la Corte Suprema de Justicia –cuyo proceso de ratificación en la Asamblea Nacional empieza esta semana– corrijan rumbo, como parecen ser las intenciones de otros magistrados nombrados en 2019. Hay mucho en juego, como la reputación de Panamá, que no es poca cosa.