Hoy por hoy

La percepción de inseguridad que siente el ciudadano no es solo eso; es un hecho concreto, aunque el Gobierno intente convencernos de lo contrario. Una organización que investiga el crimen organizado en el mundo entero –Global Initiative– sitúa a Panamá entre los países con un alto índice de criminalidad y con un Estado incapaz de enfrentarla. ¿Por qué el Estado poco puede hacer? Sencillo: tenemos a criminales enquistados en el Gobierno; otros más haciendo leyes para beneficiar a victimarios y abusadores, y a pandilleros en los partidos políticos. Estos colectivos, incluso, brindan protección porque cuentan con cómplices o, peor aún, se enfrentan al Ministerio Público para defenderlos con todo el poder político del que disponen. No hemos tocado fondo, pero, como vamos, terminaremos con un Estado bajo el control de delincuentes organizados de cuello blanco, asociados con pandilleros narcotraficantes. Los números revelan esta realidad: 178 funcionarios de los tres órganos del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluidos los cuerpos de seguridad– procesados en 2021 por sus vínculos con el crimen organizado. Esos son los acusados. Pero, ¿cuántos más quedan y cuánto poder acumulan?