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El abuso es lo que hay detrás de las compras directas durante la presidencia de la diputada Yanibel Ábrego. Se trata de compras recurrentes que pueden efectuarse en licitación o mediante concurso de precios, pero es más cómodo hacerlo sin acto público, a empresas amigas, haciendo gastos que hasta resultan dudosos. La Contraloría General debería investigar estos contratos, pues es evidente que hay mucho más que supuestas necesidades de la Asamblea. Pero, ¿qué probabilidades reales hay de que se investigue y de que se pueda llegar hasta el fondo de este asunto? La respuesta depende de más de un funcionario, porque el engranaje que mueve los hilos en los tres órganos de gobierno seguramente lo impedirá. Sin embargo, al menos la sociedad queda informada de cómo el criterio que se utiliza para hacer estos gastos está alejado de necesidades reales y más cerca de objetivos oscuros, de esos que no llegarían a una investigación, pues quedarían al desnudo las verdaderas razones por las que se pagan decenas de miles de dólares en cortinas, en tapizar sillas o en alimentos suficientes para un ejército, o se gasta en remodelaciones que cuestan lo mismo que una casa. Y quizá explique la fortuna de algunos diputados.