Hoy por hoy

La operación en la que participaron los cuerpos de seguridad del Estado, que dio con la captura de 57 personas, la incautación de más de $10 millones, carros e inmuebles de lujo y seguramente la desarticulación de una banda criminal que se dedicaba a la custodia y transporte de drogas por Panamá y Centroamérica —con destino final a Estados Unidos—, es un importante triunfo que fue posible también gracias a la intervención de las autoridades estadounidenses. Este caso deja varios asuntos que analizar. En primer lugar, el Gobierno y las fuerzas de seguridad de Panamá están penetradas por el narcotráfico. Segundo, estas bandas son tan peligrosas como recursivas, pues entre sus miembros había informantes que facilitaban su actividad delictiva. Tercero, que, dada la enorme cantidad de bienes incautados, es necesario que la Asamblea Nacional deje los rodeos y excusas para aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio de bienes ilícitos. Para modificar el Código Procesal Penal o aprobar traslados de partidas millonarias no dan tantas vueltas, pero para frenar el enriquecimiento de estos criminales, tienen más escrúpulos y reticencia. Esta operación muestra que urge la aprobación de este proyecto de ley.