Hoy por hoy

El Estado panameño se gasta una friolera en la multimillonaria planilla de la Policía Nacional (PN) que, no obstante, tiene un pobre rendimiento en materia de seguridad pública, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de los ciudadanos. Pero no todo es su culpa, pues desde hace años este cuerpo de seguridad es manejado con criterios políticos y su institucionalidad no la respetan ni la oficialidad ni los civiles que están a su cargo. El sistema de compensación salarial es perverso, pues se basa en años de servicio, en vez de un sistema de méritos. Al menos así tendríamos oficiales y agentes policiales motivados por hacer carrera, en vez de verlos cómo envejecen desde sus escritorios, en espera de un aumento automático cada dos años, sin que los que pagamos por sus servicios estemos mínimamente satisfechos con su labor. Estos aumentos automáticos deben ser eliminados del servicio público, en especial cuando no se pueden hacer por causas de fuerza mayor, como la que atravesamos en este momento. La Policía Nacional necesita motivación, líderes, apoyo tecnológico y logístico para cumplir su trabajo. Sin nada de esto, sus miembros serán rebasados por la delincuencia, tal como ocurre ahora.