Hoy por hoy

El Estado panameño cuenta con instrumentos legales para cobrar a Odebrecht el dinero que se comprometió a pagar en concepto de multas, tras reconocer el pago de coimas a funcionarios de gobiernos anteriores. Son $220 millones, de los cuales ha pagado una parte, pero nunca honró los compromisos correspondientes a 2019, 2020 y 2021. Odebrecht tiene inversiones en Panamá y obras estatales sin concluir, cuyos pagos pueden servir para amortiguar su deuda, pero la diligencia de los funcionarios para hacer valer nuestros derechos como víctimas es más que reprochable. Es la misma negligencia de la que se sienten orgullosos otros actores del Gobierno, como el contralor, quien no solo se cruza de brazos mientras los alcaldes siguen abusando de su cargo aumentado sus ingresos hasta $10 mil o más, sino que los haya justificado, abriendo de par en par las puertas para que estos caraduras roben a manos llenas mientras él va a la Asamblea a restregarnos que no piensa hacer nada. O sea, que el asalto queda justificado si otros sinvergüenzas lo aprueban. Como van las cosas, los panameños no solo podríamos prescindir de los diputados, sino también del contralor. Incompetencia a donde uno mire.