Hoy por hoy

La transparencia en los asuntos públicos es un tema ignorado por las autoridades, por lo que empiezan a ser frecuentes las sanciones contra funcionarios que pretenden una gestión sin rendición de cuentas, sin divulgar asuntos de carácter público. Recientemente, la Corte Suprema se ha pronunciado sobre esa falta de transparencia. Tal es el caso del alcalde de San Miguelito y de la Asamblea Nacional, especialmente esta última, que ha negado a este medio información pública, por lo que la Corte ha sentenciado en su contra, obligándola a ser más transparente. La ley es muy clara, pero se valen de artimañas para burlarla, sin éxito esta vez. Ahora, la Corte ha declarado que la información sobre la identidad de las personas contratadas, sus funciones y el resultado de su supuesto trabajo es de carácter público. La Asamblea alegó confidencialidad y protección de información personal de la planilla 172 –la cash back– para negarla, luego de que el Ejecutivo le aprobó un crédito para pagarle $8 millones en plena pandemia. Esperamos que los diputados entreguen la información y se dejen de dar excusas para no rendir cuentas de sus actos.