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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron dar un plazo de dos semanas para que los servidores judiciales, incluido el personal de apoyo y administrativo de este órgano estatal, presenten su declaración jurada de bienes patrimoniales. Es un buen primer paso para cumplir con las ordenanzas de la carrera judicial, que incluye no solo a los magistrados de la Corte Suprema, sino a magistrados de tribunales superiores y de apelaciones, jueces, secretarios, directores, defensores públicos, coordinadores y personal de apoyo, judicial y auxiliar especializado, entre otros. Aunque es una disposición que tiene ya más de seis años de vigencia, no se había cumplido como ahora se está exigiendo a todos los que están obligados a presentarla. Lástima que estos documentos sean confidenciales, porque se priva a la población de vigilar si hay cambios que ameriten explicaciones de parte de los titulares. Para nadie es un secreto que en el Judicial se han negociado sentencias, sin contar con muchas otras diligencias, por las cuales se cobra. La orden impartida por los magistrados da esperanzas de la renovación prometida, junto con los pasos que han empezado a darse para elegir, por méritos, el personal judicial.