Hoy por hoy

Parece una cosa de la prehistoria que, en pleno siglo XXI, los ciudadanos desconozcamos detalles de quiénes nos gobiernan. Ese oscurantismo deviene en sospechas –y muy justificadas– sobre la honestidad de los políticos. Por ejemplo: ¿por qué las declaraciones juradas de bienes patrimoniales no se pueden divulgar, si el propósito es, precisamente, vigilar que el patrimonio no haya crecido de forma desproporcionada mientras una persona ocupa un cargo público? ¿Qué esconden? Si alguien decide ser servidor público, debe considerar que perderá parte de su privacidad, por lo que no puede aspirar a mantener en secreto ingresos o bienes —antes y después de salir del Gobierno— ni puede considerarse un ciudadano cualquiera, pues es parte del engranaje que gobierna el país y, en consecuencia, los ciudadanos tenemos todo el derecho de practicar lo que se conoce como due diligence o “diligencia debida” sobre su pasado y su presente, incluso, sobre lo que piensa en algunos temas. Es lo que los bancos practican como la política de “conoce tu cliente”. Pues bien, los ciudadanos necesitamos constantemente “conocer a tu gobernante”. Pero no lo podemos hacer por falta de transparencia, por lo que, en esa materia, seguimos en el siglo XIX.