El 5 de diciembre de 2019, María Eugenia López Arias -junto a cuatro magistrados suplentes- tomó posesión como miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ese día, el presidente de la República dijo: “Ustedes están aquí por sus méritos. Se deben a la Constitución y a las leyes del país. No se deben absolutamente a más nadie”. Como los hechos han demostrado que en la justicia electoral hay quienes no entienden lo mismo, la Corte Suprema tiene la oportunidad de demostrarle al país que aquel reto del presidente de hace dos años y 3 meses prevalecerá. Panamá no tiene por qué seguir existiendo a pesar de sus instituciones, sino gracias a ellas, y que la Corte, a la que sí le compete conocer aspectos como la aplicación del principio de especialidad, sea la que se pronuncie y no quienes se han tomado esa atribución por asalto. Este año, a la CSJ le corresponde designar al reemplazo de Heriberto Araúz, quien termina su gestión como magistrado del Tribunal Electoral en noviembre. La Corte tiene la responsabilidad de asegurarse de que el nuevo magistrado tenga la integridad indispensable para ejercer ese cargo con dignidad. Así como la oportunidad es un factor fundamental para perpetrar fraudes, también lo es para mejorar.
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27 mar 2022 - 05:05 AM
