Hoy por hoy

La junta directiva del Canal de Panamá ha aprobado un nuevo tarifario para las naves que necesitan hacer uso de esta vía acuática. Amén de las consultas que se deben hacer, este nuevo aumento conllevaría ingresos que se calculan en unos $400 millones al año, adicionales de lo que ya genera para el Estado. Se trata de nuestro principal activo y la ACP hace esfuerzos para procurar que este bien produzca en favor de los más necesitados del país. Y es irónico, porque mientras el Ejecutivo exige del Canal el mayor rendimiento posible, el Gobierno hace leyes –como el de la ley de incentivos a la actividad turística– que son como grifos abiertos para regalar el dinero que le corresponde al Estado en concepto de impuestos. Claramente, vemos una gestión gubernamental errática, que mientras por un lado pide más, por el otro se comporta como si no necesitara de esos recursos. Pero, además, tenemos ingresos que podrían servir para balancear nuestra riqueza, para que haya menos pobres, para mejorar la calidad de nuestra educación, para darle oportunidad a los que menos tienen, pero, contrario a ello, seguramente una parte de ese dinero quedará en los bolsillos de la pandilla política que nos gobierna.