Hoy por hoy

Hay una estrategia para intimidar y amedrentar a jueces, fiscales, y a cualquier funcionario que se atreva a actuar en las causas criminales de un connotado político local. Un juzgado civil le concedió el secuestro de bienes de una alta exfuncionaria que laboró en la Procuraduría General de la Nación. Estas decisiones se pueden dar prejudicialmente, es decir, sin que haya un fallo condenatorio contra la exfuncionaria. Si se le quería denunciar, existe el camino de un Ministerio Público que tiene un nuevo jefe, también está el Tribunal de Ética del Colegio Nacional de Abogados y la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia. Pero como esa no es la intención verdadera del secuestro civil efectuado, es evidente que el objetivo es otro: ¿Quién se va a atrever ahora a mover un dedo sobre todos los casos pendientes de este político? ¿Qué fiscal, juez o magistrado de la Corte no lo pensará dos veces antes de actuar contra él? Si este caso prospera, Panamá será un rehén del mejor postor. Un país sin justicia deja la puerta abierta a la tiranía y a la corrupción. En otras palabras, es el final de la democracia y de las libertades de todos los panameños. Solo los que cuentan con dinero a manos llenas y los poderosos podrán decidir cómo se investiga, cuándo se juzga y a quién se condena.