Hoy por hoy

El escándalo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio, R.L. (Cacsa) se profundiza. Ahora incluye un nuevo capítulo, relativo a la sustracción de información de la computadora de la abogada que contribuyó a llamar la atención sobre este escándalo. De ser cierta esta seria denuncia sobre la eliminación de archivos de correos electrónicos, demostrarían que hay un interés ulterior de silenciar la controversia, a fin de evitar las investigaciones. En el centro de esta trama, los panameños vemos reflejada, de cuerpo entero, nuestra justicia. Los cargos contra Cacsa son muy delicados, ya que implican que se aprobaron pagos para sufragar posibles coimas a miembros de la Corte Suprema de Justicia, y así garantizarse un resultado favorable en un pleito de cárácter civil. Esto nos recuerda las revelaciones que un abogado panameño hizo ante potenciales clientes rusos en España, en las que reconocía cómo se compraba influencia judicial –por vía del soborno– a magistrados de la Corte. Precisamente, por todo lo que está en juego, el caso de Cacsa requiere de la mayor claridad posible. En estos tiempos nadie paga de más sin esperar nada a cambio.

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