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Con las elecciones parciales de ayer se pone fin a una azarosa campaña política que se inició un año antes de los comicios del 4 de mayo pasado. Es lamentable que muchos de los protagonistas de estos últimos torneos fueran figuras a las que se les comprobó el uso de recursos públicos en proselitismo. Ello no solo habla mal de nosotros mismos, sino que pone en duda las leyes electorales –y a los responsables de su aplicación– que permiten a los corruptos salirse con la suya. Por supuesto que a la Corte Suprema le corresponde todavía desligar responsabilidades penales por estos casos. Sin embargo, es de esperar que en las reformas al Código Electoral se tomen en cuenta algunas de estas amargas lecciones, así como topes al financiamiento privado, transparencia y rendición de cuentas. Es una salida para evitar que personajes como el que vimos ayer recorrer el país, auspiciador y cerebro de estas malas prácticas, se nos ría en la cara.

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