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En el año 2010, Cobranzas del Istmo recibió un contrato monopólico, por el cual la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas le otorgó la gestión de cobros de impuestos nacionales de vigencias anteriores, y que por alguna razón el Estado no había podido cobrar. Cuatro años más tarde, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la creación de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, y la externalización de un servicio tan esencial como el de la recolección de impuestos nacionales. Tan solo en los dos últimos años esta entidad se ganó 39 millones de dólares producto de este contrato. A las quejas de miles de contribuyentes por las agresivas prácticas emprendidas por la compañía, se sumaban las denuncias por la tercerización innecesaria de los servicios del Estado. Ahora el Gobierno puede probar que funciona bien, recolectando sus propios ingresos.