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El proceso electoral panameño ha terminado. Aunque los resultados presidenciales los tuvimos hace casi ocho meses, las impugnaciones y las actuaciones negligentes de la Fiscalía General Electoral nos llevaron a tener que hacer elecciones parciales para diputados y otros cargos en una cantidad importante de circuitos electorales. La paradoja fue que candidatos a los que se les probó que habían recibido fondos estatales de manera irregular, con los que pudieron hacer obras en las comunidades y efectuar obsequios a los votantes, volvieron a correr y tuvieron la oportunidad de ganar las curules. Todo esto es inaceptable según los parámetros éticos de una democracia moderna que, sin embargo, se quedó huérfana ya que su fiscal electoral evitó hacer justicia, y por el contrario fue otro actor más de la política partidista. Por otra parte, las exageradas cantidades de dinero malgastadas rompieron las marcas históricas, y constituyeron un precedente nefasto que el país debe estudiar para evitar que se repita. Esa es la gran lección de 2014, que debemos recordar a fin de prevenir mayores peligros para nuestra democracia.