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El Ministerio Público ha designado un fiscal adjunto a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para que se encargue de todos los casos por denuncias vinculadas a las interceptaciones telefónicas y otras formas de comunicación. Con este paso se agiliza y se acelera la persecución de estos peligrosos delitos que violentan la paz social y los derechos humanos. En contraste, la Corte Suprema de Justicia sigue sin terminar de arrancar en su rol de instancia investigadora y juzgadora del hoy diputado del Parlacen y hasta hace poco presidente de la República. Como si tuvieran todo el tiempo del mundo, los magistrados aún no han notificado a los representantes legales del exmandatario y por lo tanto no se realizan mayores trámites frente al Tribunal Electoral ni ante el propio Parlacen. Esto significa en la práctica que el caso ha perdido una semana en un ritualismo que debió haberse subsanado desde el principio. Es preocupante que la Corte siga sin decidir la inconstitucionalidad de la Ley 55 de 2012 que rige esta materia, lo que significaría más tiempo y calma en su proceder. El país espera mucho más de sus magistrados.