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El proceso al expresidente de la República y diputado del Parlacen enfrenta los predecibles y sorpresivos escollos productos de la nefasta combinación de una norma ambigua, una Corte Suprema politizada y ávidos abogados defensores. La Ley 55 de 2012, creada para facilitar y fomentar la impunidad de los diputados, es hoy en día un magnífico paraguas para un cuasi fugitivo, que en vez de enfrentar su suerte en los tribunales muy posiblemente disfruta de sus millones en Miami o en alguna capital europea. Aunque los llamados para que se derogue la Ley 55 por parte del magistrado Erasmo Pinilla son correctos, nuestro máximo tribunal de justicia tiene la mejor forma de resolver este asunto, demoliendo la Ley 55 por inconstitucional. Tanto los magistrados Hernán De León como Jerónimo Mejía tienen cada uno la posibilidad de elaborar un fallo que acabe con la impunidad promovida por la “ley blindaje”. Ambos han tenido más de 17 meses para cumplir con su tarea. Ellos pueden tumbar el muro que protege la impunidad y darnos mejores días a todos los panameños.