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La sociedad civil panameña está de plácemes por dos victorias significativas obtenidas esta semana en la Asamblea Nacional. Por un lado, después de casi 10 años, se aprobó la ley de carrera judicial, que contribuirá no solo a un esquema de trabajo más independiente y mejor remunerado de todos los funcionarios de tribunales y juzgados, sino que servirá para combatir la corrupción y la negligencia administrativa con la creación de mecanismos de control y de transparencia dentro del poder Judicial. Por otro lado, el aval a la ley que crea el Ministerio de Ambiente supera una situación a la que el país se tuvo que enfrentar por casi 20 años, y que, con el trabajo de hormiga de organismos no gubernamentales y grupos comunitarios de base y múltiples ciudadanos individuales se ha empezado a construir la institucionalidad ambiental. Ninguna de las dos normas es perfecta y su ejecución plena tomará años, pero el compromiso y la participación ciudadana que las hicieron viables demuestran sólidamente las posibilidades de mejorar nuestro país a partir de escuchar a su propia gente.