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El próximo 25 de febrero, con la intervención de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se iniciarán las conversaciones entre el Gobierno y los grupos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé para decidir sobre el futuro del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. La sociedad panameña, y en particular la chiricana, espera que las partes se puedan poner de acuerdo para terminar con un conflicto en el que no deben haber vencedores ni vencidos. Por un lado, los indígenas deben entender que se trata de un proyecto hidroeléctrico que prácticamente ya está construido y que no se puede echar para atrás. Y por el otro, la empresa que construye debe aportar toda la documentación que sea necesaria para demostrar que la obra no afecta el medio ambiente y ha cumplido con todos los requisitos y leyes de la República de Panamá. Que el esfuerzo que se va a llevar a cabo con la ONU como garante sirva para alcanzar una solución equilibrada que haga entender a las partes en conflicto. Los ngäbe buglés rechazan el proyecto y quieren que la obra se detenga por las afectaciones y contaminación al ambiente, asunto en el que todos los panameños estamos de acuerdo. Sin embargo, los indígenas deben comprender que la construcción también es necesaria para el desarrollo de la conectividad eléctrica del país.