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El sector agropecuario enfrenta una profunda crisis resultado de dos décadas de políticas públicas orientadas a la apertura de mercados, la transformación del pequeño productor y jornalero en habitante urbano, y finalmente la concentración de los sistemas y redes de distribución de alimentos en unas pocas manos. Como consecuencia de este legado, el enfoque tradicional de la producción en el campo panameño no es rentable sin la existencia de subsidios ambientales como la deforestación o la contaminación de ríos o lagos; subsidios sociales como la deserción escolar de niños y jóvenes para que se dediquen a actividades vinculadas al desarrollo agropecuario; y subsidios financieros, que en forma de transferencias irregulares, provenientes del gobierno, supuestamente estimulan al productor. Es tiempo de reinventar el marco conceptual en que el interior y su producción, los mercados nacionales y el Estado y sus agencias se vinculan. Es necesario priorizar el rol del agobiado consumidor-contribuyente que paga dos veces los defectos del sistema. La falacia de que el mercado panameño es muy pequeño solo ha servido de excusa para justificar la mediocridad en la gestión pública del sector. El futuro de la seguridad y soberanía alimentaria, y del bienestar de los consumidores pasa por una nueva política pública anclada en la vocación de los suelos, la innovación científica, y la estabilidad en las prácticas arancelarias y de importación que le dé claridad y transparencia a las decisiones de los agricultores. Ello sería la gran noticia: buenos alimentos a buenos precios.