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La decisión del magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia de declararse culpable de dos de los cuatro delitos que se le imputan no hace más que confirmar lo que era un secreto a voces: la corrupción existente en el sistema judicial. La fiscalía especial que llevó el caso ha cumplido con su papel fiscalizador y se pone a tono con el clamor ciudadano de no más impunidad. Con ello se empieza a romper esa tendencia en la que magistrados y diputados se cuidaban las espaldas mutuamente para no enfrentar la justicia. A los ciudadanos y a la prensa independiente, por su parte, les debe quedar claro que cuando hacen una denuncia cumplen un rol vital en la sociedad y esta acción tiene consecuencias. Es importante señalar que con lo actuado se envía un mensaje a los funcionarios que infringen las normas, ya que nadie está por encima de la ley.