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Para nadie en Panamá es un secreto que el programa de regularización migratoria llamado Crisol de Razas se transformó de una buena iniciativa en un negociado más del pasado gobierno. Eso es cierto y debe ser corregido. Pero que varios diputados utilicen el pleno Legislativo y se tomen la discusión del proyecto de ley que pretende eliminar la norma que ampara dicho programa para atacar a las decenas de extranjeros -y de paso a sus descendientes- que año tras año llegan al país legalmente y contribuyen a robustecer la economía y a la sociedad misma, deja muchísimo que desear. Un país como Panamá, que históricamente se ha nutrido de la inmigración, abierto al tránsito y al comercio internacional como “puente del mundo”, no se puede permitir este tipo de actitudes que nos recuerdan a los ruidosos ultranacionalistas europeos. En Panamá no se debe tolerar la discriminación por ningún motivo.