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Fue una investigación contundente. El juicio, inédito e histórico, en el que el magistrado Alejandro Moncada Luna admitió ser culpable de dos de cuatro delitos que le imputaron: enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica en documentos públicos. Aceptó que no fue presionado para firmar el acuerdo de condena y dijo entender el alcance de su decisión. No faltará el que opine lo contrario, pero los hechos hablan por sí solos. Quizás no fue el mejor arreglo, pero lo importante es que este magistrado, carente de toda legitimidad para impartir justicia y cuestionado desde antes de llegar al Palacio Gil Ponce, ya no lo hará más. El fallo es de una trascendencia inconmensurable: es el primer paso para recomponer una institucionalidad hecha pedazos por la pasada administración, con nombramientos justamente como el de Moncada Luna; la Asamblea Nacional –con algunas excepciones vergonzosas– comienza a cumplir el rol que la Constitución y los ciudadanos le exigimos, y no menos importante, envía un mensaje fuerte y claro a los políticos y jueces sobre la certeza del castigo. Es un paso apenas, pero a este seguramente le seguirán otros y nos hace recuperar las esperanzas en un sistema que creíamos perdido irremediablemente.