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Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público han revelado uno de los peores saqueos de fondos públicos de la historia del país. Causa estupor los montos, la frecuencia y el descaro con el que se perpetraron estos delitos, como si nunca hubiese existido la posibilidad del castigo por todo lo que hicieron, y no solo funcionarios corruptos, sino empresarios que pretendían no volver a trabajar en su vida después de asaltar las arcas del Estado. Pagar por sus faltas, tras un proceso judicial, es lo que esperamos todos los panameños; pero, además, pretendemos que lo robado sea recuperado. El gobierno de Ricardo Martinelli creó espejismos de hormigón que vendía como progreso, pero que no eran más que una ancha alcantarilla por donde drenaban los recursos del Estado. Millones y millones de dólares fueron a dar a los bolsillos de funcionarios y empresarios que vivieron la “vida loca”, de viajes, bienes y lujos que su vanidad no les permitía gozar en secreto. Hoy reclaman una inocencia que riñe con su nuevo estilo de vida. Habrá que esperar a que se lleven a cabo los juicios; será una larga la espera, pero por primera vez en muchos años tenemos esperanza en la justicia panameña.