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La Caja de Ahorros, fundada con la misión de contribuir al desarrollo económico y social del país, acercando al panameño a la banca y así ayudarle a cumplir los anhelos familiares, también fue víctima del grotesco atraco al Estado durante el quinquenio de Ricardo Martinelli. Nombrando en puestos clave a sus más íntimos allegados, se aseguró de que una buena tajada de los activos del banco quedara en manos de aquellos colaboradores de su círculo cero. Hasta el momento, algunos de estos hechos se conocen y, seguramente, de otros sabremos más adelante. Riesgosos y cuestionables préstamos millonarios fueron otorgados. En varios, sus beneficiarios no han hecho frente a esta responsabilidad. Riccardo Francolini -y su junta directiva- y Jason Pastor, ex gerente general, obligados a velar por la solidez y seguridad, deben explicaciones a la ciudadanía sobre los dudosos manejos que dieron a los fondos del banco de la familia panameña. No menos relevante es el compromiso de sus reemplazos quienes tienen el deber de proceder legalmente en lo que corresponda, a fin de mantener la confianza del público en la institución. Lo contrario sería ser cómplices de semejante barbaridad.