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La Caja de Ahorros (CA), con más de un millón de cuentahabientes y activos que superan los $2 mil 589 millones, según cifras del año 2013, es el principal banco de corte popular con presencia en todo el país. Con apenas $40 millones en utilidades netas, una sola mala decisión podría causarle un daño irreparable al “banco de la familia panameña”. ¿Por qué otorgó préstamos a altos funcionarios para que compraran mansiones y villas de playa? ¿Y qué decir de los créditos para megaproyectos turísticos con garantías ínfimas? Los entonces miembros de la junta directiva y su gerente general deben romper el silencio y ofrecer explicaciones de cómo la CA se transformó en la caja menuda del poder. Los hechos descubiertos en los últimos meses reclaman una auditoría forense integral de toda la banca estatal, incluyendo la agropecuaria. A su vez, se debe investigar cualquier posible conflicto de interés entre los distintos órganos de gobierno y control de estas instituciones, y los afortunados beneficiarios de sus decisiones. Los secretos bancarios de esos años deben ser las verdades judiciales del presente. No más silencio.