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Los medios de comunicación nos debemos a la verdad, al público y a la responsabilidad en el manejo y divulgación de información sensitiva. La búsqueda de mayor circulación, sintonía, rating o la cacería desencarnada de primicias puede desencadenar en prácticas periodísticas cuestionables. Cuando en nuestras páginas, ondas electromagnéticas o pantallas compartimos información con los lectores, oyentes y televidentes, no solo necesitamos que la misma sea veraz, sino que el tratamiento de lo que le presentamos al público se dé con dignidad y respeto. En lo relativo a las serias acusaciones contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, los medios hemos querido competir con las redes sociales, sin entender que, precisamente, nuestro rol es el de filtrar e investigar los contenidos informativos que se pudiesen obtener a través de estas novedosas fuentes. No hay que perder de vista que toda persona, sobre todo si es menor de edad, presunta víctima de un delito contra su integridad sexual o forma parte de una relación íntima con un personaje público, merece la reserva y la confidencialidad de su nombre y de su identidad, no solo por las razones obvias de volver a victimizarla, sino por la protección de la honra de sus familiares y seres queridos, que sufren y enfrentan el escarnio, la deshonra, la burla y el morbo. Mal hacemos los medios al aceptar estas acciones negligentes como justificables por la lucha contra la corrupción o la persecución de supuestos delitos. Nuestras leyes, en particular el Código de la Familia, tutelan la reserva del nombre de los menores de edad, sean víctimas o perpetradores de conductas delictivas. El buen periodismo requiere de valentía, pero también de mucho sentido común para saber cuándo se debe editar una información, no para negar los hechos al público, sino para proteger a los inocentes. Sin ética no hay verdad que valga la pena.