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Con la Ley 23 de 2015, Panamá actualiza el marco normativo con el cual se previene el lavado de dinero. Es injusto que nuestra economía haya sido secuestrada por un pequeño grupo de empresas e individuos que evitaron por sus intereses, que nuestro país contara con la legislación para combatir el blanqueo de activos financieros. De haber existido la norma aprobada recientemente, quizás cientos o tal vez miles de millones de dólares no habrían sido saqueados del tesoro público, y no tendríamos el interminable desfile ante las cámaras y las fiscalías de presuntos criminales de saco y corbata. Todavía queda por desarrollar la reglamentación necesaria para hacer viable la nueva legislación y por supuesto queda por enfrentar el reto de su implementación. Si cumplimos con éxito esto último, el nombre de Panamá sería finalmente sinónimo de transparencia y no sinónimo del atraco más grande cometido en nuestra historia republicana.