El legado de marginación que han sufrido nuestros pueblos originarios ha creado desconfianza y rechazo hacia el modelo de desarrollo. El precio de sanear el pasado es responsabilidad de todos. Barro Blanco nos enfrenta a ese dilema. El gobierno actual es el heredero de un proceso de concesiones hídricas altamente especulativo, y de una política energética esquizofrénica con la cual se genera, distribuye y consume la electricidad de manera ineficiente. Esta trampa no tiene salidas fáciles ni baratas. Los diálogos iniciados por la presente administración deben conducir a soluciones justas, sin imposiciones de las partes, sea en Bugaba o en el Tabasará. Sin consulta previa, informada y libre, los pueblos originarios solo conocen los perjuicios del llamado progreso. Es tiempo de hacerlos socios, no víctimas, de las iniciativas privadas y públicas. El agua y los ríos de Panamá son el presente y el futuro de este país, simplemente no se pueden reemplazar.