El tema de los falsos positivos vuelve a la luz en Colombia. Esta semana un informe de Human Rights Watch reveló que unos 3 mil civiles inocentes fueron ejecutados entre 2002 y 2010 por los militares colombianos, a cambio de recompensas y ascensos. Se disfrazaban estas ejecuciones como supuestas bajas de las guerrillas en combate. El informe detalla el encubrimiento que las fuerzas armadas colombianas y sus aliados civiles realizaron para evitar el juzgamiento de los altos mandos militares. La denuncia pública de estos hechos causó persecución, pinchazos y acoso a testigos, periodistas, e incluso a activistas y líderes de la sociedad civil. Ahora, los fiscales colombianos reconocen un total de 4 mil 475 víctimas, superando las del informe. Para Panamá, la lección es clara, cuidado con el entrenamiento de nuestras fuerzas de seguridad por sus pares en Colombia; y sobre todo, cuidado con la impunidad y el encubrimiento de las atrocidades cometidas por los gobiernos recientes. Los pueblos tienen el derecho a saber la verdad.