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Aunque existía un buen programa de galleta nutricional, el pillaje y saqueo del gobierno anterior lo sustituyó con la comida deshidratada, que ni alimentó ni mejoró el rendimiento de la población escolar. Otro ejemplo del impacto de la corrupción es la situación que vive la provincia de Chiriquí, que tiene un índice de 18.5% de su población afectada por algún tipo de discapacidad, en contraste con el 12.5% que es el promedio nacional. Resulta costoso y difícil atender las secuelas de la desigualdad en los niños cuando llegan a la primaria. Hay que actuar antes y en otra parte. Cuando un bebé está en gestación, gran parte de su suerte y potencial humano han sido determinados por la alimentación y la salud de la madre y el núcleo familiar. El hambre y la inequidad nunca se han resuelto con bolsas de comida, sino con la creación de capacidades familiares para proveer alimentos y convivir en un entorno ambientalmente saludable. Para esto, los gobiernos deben garantizar lo que se requiera para una existencia con dignidad. Debe entenderse que ese es un derecho de todos y no una limosna que dan los políticos.