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En uno de los casos más terribles de la historia de la salud en Panamá, 14 neonatos fueron intoxicados en la Caja de Seguro Social. Con severas secuelas, solo cuatro han sobrevivido. Este es un proceso judicial sin precedentes: un total de cuatro médicos y cuatro farmacéuticos han sido imputados por homicidio culposo. La noble profesión médica y las disciplinas auxiliares de la salud llevan sobre sus hombros una gran responsabilidad. Cuando se dan estas situaciones es importante evitar los encubrimientos y el falso espíritu de gremio. Los tribunales jamás devolverán la vida a las víctimas fallecidas, y muy posiblemente no podrán compensar el daño y el sufrimiento padecido por las familias y los sobrevivientes. Lo que se obtendrá es un ejemplo para los administradores de la salud y los profesionales vinculados a estos servicios. Lo sucedido con los cientos de víctimas del dietilenglicol, los 28 pacientes sobreirradiados, y ahora el caso de los neonatos, nos recuerda que, paradójicamente, la justicia tendrá que ser la cura para un sistema de salud enfermo. Es la hora de reconocer los errores y de rendir cuentas por ellos.